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Senado da luz verde a reforma que elimina cárcel por manejo irregular del presupuesto municipal
La iniciativa, presentada por el senador Aneudy Santos, modifica disposiciones de la Ley 75-25, la cual reformó la Ley 176-07 sobre Ayuntamientos y el Distrito Nacional. Actualmente, dicha normativa contempla penas de prisión de entre dos y cinco años, además de multas económicas, para los funcionarios que violen la distribución presupuestaria.
Con la aprobación del proyecto, también se suprime la inhabilitación automática de los funcionarios municipales que resulten responsables de estas faltas, así como la facultad de la Cámara de Cuentas de someter penalmente a empleados municipales a partir de los resultados de auditorías.
Cambios en la distribución del presupuesto
La legislación vigente establece porcentajes fijos para el uso de los fondos municipales:
- 30 % para pago de personal
- 40 % para funcionamiento y servicios
- 5 % para programas sociales (educación, género y salud)
- 25 % para inversión en obras
Sin embargo, la propuesta aprobada unifica los fondos destinados a nómina y operación, permitiendo que los alcaldes determinen libremente cómo distribuir esos recursos, manteniendo únicamente como obligatorios el 5 % para programas sociales y el 25 % para inversiones.
De acuerdo con el proponente, la reforma busca evitar restricciones que, según argumenta, afectan la prestación de servicios básicos en los municipios.
Respaldo político
El proyecto fue aprobado a unanimidad en dos lecturas consecutivas, contando incluso con el respaldo de los senadores de la Fuerza del Pueblo, quienes conforman el bloque opositor en la Cámara Alta. Entre ellos figuran Eduard Espiritusanto, Omar Fernández y Félix Bautista.
La pieza legislativa será remitida a la Cámara de Diputados, donde se decidirá si continúa su curso para ser enviada al Poder Ejecutivo.
Uso exclusivo de fondos para residuos sólidos
Como parte de la modificación, se agregó un párrafo que excluye de esta flexibilidad presupuestaria los recursos provenientes de la Ley 98-25 sobre Gestión y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos. Estos fondos, equivalentes a 20 pesos por habitante, solo podrán destinarse a la recolección de desechos, compra de equipos y pago de servicios relacionados con la basura.
Según explicó el senador Santos, esta aclaración busca garantizar que dichos recursos se utilicen exclusivamente para fortalecer la gestión de residuos sólidos en los municipios.
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